Es una certificación única de firma, que funciona en Chile desde agosto de 2016, y que simplificó el proceso de Legalización. Es reconocida por los países que han suscrito el Convenio de la Apostilla. Cada país puede implementar esta certificación con sus propias características y se debe tener presente que los documentos deben ser apostillado por las autoridades y formalidades que disponga el país de origen.